En opinión de la comunidad minera, el Impuesto Ecológico, aprobado el pasado 7 de febrero de 2019 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “haría que las operaciones y las exploraciones mineras sean totalmente incosteables, trayendo como consecuencia una fuga de inversiones en el país, dejando a las personas sin trabajo, y a los gobiernos sin recaudación.”